- El coordinador de los diputados de Morena advirtió que estas resoluciones invaden facultades del legislativo y constituyen una “violación flagrante a la Constitución”.
Vía El Financiero
MÉXICO., 31 de agosto de 2024.-Ricardo Monreal Ávila, quien en días recientes asumió como coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, calificó de “inadmisible” e “improcedente” los amparos dictados por dos juzgados federales, quienes resolvieron suspender la discusión legislativa de la reforma judicial programada para el lunes 2 de septiembre.
En un video compartido en sus redes, el morenista, quien presidirá la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, indicó que dichas resoluciones son una “violación flagrante a la Constitución” y del principio de legalidad, además de considerar que invaden las facultades y funciones del Legislativo.
“No hay duda de que la desesperación de algunos sectores que intentan conservar sus privilegios pretendan también frenar esta histórica reforma en beneficio de la población. No menos extraño resulta si recordamos que se ha intentado de manera permanente obstaculizar esta reforma”, señaló en una grabación publicada en su cuenta X.
Monreal explicó que las notificaciones provienen de dos juzgados de distrito en los estados de Morelos y Chiapas, y con ellas se pretende que el proyecto de reforma al Poder Judicial no sea discutido ni votado por esta legislatura.
Advirtió también que esta no es la primera vez que se intenta frenar el avance de esta iniciativa, pues recordó que apenas hace unos días el ministro Juan Luis Alcántara “resistió a la presiones y evitó actuar de manera inconstitucional, y antes, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con dignidad y sobriedad republicana, rechazó la resolución de un juez de distrito a modo que intentaba invadir la competencia este Tribunal”, dijo.
‘No se puede suspender el análisis’, advierte
El coordinador de los diputados de Morena insistió en que el análisis del dictamen de reforma constitucional en materia judicial está a cargo del “máximo órgano político y jurídico sobre el cual se erige nuestro sistema de gobierno, que es el poder revisor de la Constitución, cuya actuación tiene como cimiento su artículo 35″.
Planteó que en dicho apartado establece que, “para que las adiciones o reformas lleguen a hacer parte del sistema jurídico mexicano, se requiere que el Congreso de la Unión las apruebe por el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes, así como de la mayoría de legislaturas de los estados y de la Ciudad de México”.
Dijo que es “inaudito” que quienes promueven los amparos son los propios titulares de los juzgados de distrito y advirtió que la mayoría legislativa no se someterá a “la jurisdicción del juzgado o juzgados que lo ordenen, porque no tienen competencia para ella, porque no se puede suspender el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen”, apuntó el diputado.
