El delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, ejecutado el lunes en Reynosa, investigaba a Tania Contreras López, presidenta electa del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, tras una denuncia presentada por el Partido de Acción Nacional (PAN).
Informes revelados por la periodista Azucena Uresti, el 9 de mayo de 2025 el director jurídico del PAN en Tamaulipas, Jesús Gustavo García Rodríguez, interpuso la querella en representación del dirigente estatal, Luis René Cantú Galván, por presuntos delitos de tráfico de influencias y asociación delictuosa contra Contreras y Juan Carlos Madero Larios. La denuncia había sido formalmente presentada el 26 de abril y fue turnada por Vázquez Reyna mediante oficio.
Contreras, exconsejera jurídica del gobernador morenista Américo Villarreal Anaya, había ganado recientemente la elección judicial como magistrada numeraria y fue electa virtualmente presidenta del Supremo Tribunal de Justicia en Tamaulipas.
Tras el homicidio del delegado, Contreras respondió ante las acusaciones en la que aseguró que la FGR resolvió el no ejercicio de la acción penal en su contra y en la de Madero Larios y pidió a Azucena decir la verdad y verificar las fuentes.
“La propia Fiscalía General de la República, a través de un Ministerio Público, determinó que no existen elementos probatorios que sustenten los señalamientos.”
“Te solicito (a Azucena Uresti) que rectifiques y verifiques tus fuentes. La verdad también es un acto de responsabilidad”, afirmó Contreras.
El medio precisó que el no ejercicio de la acción penal incluyó los delitos de contrabando, delincuencia organizada, encubrimiento, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
Información proporcionada por el colectivo Defensorxs, Tania Gisela Contreras López es licenciada y maestra en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Se desempeñó en diversos cargos públicos en el Poder Judicial local, la Procuraduría, el Gobierno del Estado y el Congreso de Tamaulipas. De 2018 a 2025 ocupó el cargo de Consejera Jurídica del gobernador Américo Villarreal.
En su experiencia judicial, trabajó como oficinista en el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas.
“La candidata se encuentra relacionada con una red de corrupción, sobornos, extorsiones y tráfico de huachicol en el estado de Tamaulipas. Además, ha intentado censurar a periodistas que han publicado sobre estas irregularidades”, apuntó el colectivo.
