Ciudad de México. Jubilados de Comisión Federal de Electricidad, de Petróleos Mexicanos y el extinto Banobras trataron de irrumpir a la Cámara de Diputados, donde se discute esta tarde la reforma al artículo 127 de la Constitución, que reducirá el monto de pensiones y aplicará retroactividad en el recorte.

Una veintena logró colarse hasta la zona de aduanas de la puerta 1, donde rompieron mobiliario y quemaron papelería, lo que activó la alarma contra incendios. En el intento forcejearon con personal de Resguardo de la cámara, que los encerró en esa área por una hora, hasta que aceptaron retirarse.

Judith Espinosa, jubilada de CFE, dijo que trataron de entrar al recinto ante el rechazo a su petición de hablar en la tribuna de la cámara, donde querían expresar la injusticia que –expresaron- se cometerá al aplicar la reforma de manera retroactiva, aunque sus pensiones son cosa juzgada.

“Los trabajadores jubilados vemos un retroceso en el marco legal. La retroactividad sienta un precedente tremendo. Es cavar la tumba para el estado de derecho y a nadie le importa.

“Que se acaben las pensiones doradas, pero identifiquen cuáles son doradas. No todos. Nadie (de los jubilados) estamos en esa categoría. Somos trabajadores que hemos dedicado nuestra vida al pueblo de México, a construir el sector energético durante los últimos 40 años”, expresó en entrevista.

Explicó que las pensiones en CFE “es un tema controlado. Desde hace 20 años tenemos cuentas individuales. Esto se va a acabar conforme la esperanza de vida disminuya”.

Manifestó que la reforma no resolverá de fondo la presión del costo de las pensiones en México, porque representan apenas .03 por ciento del sistema de jubilaciones.

«Queremos que se revise sí, por supuesto, la situación de las pensiones de México, pero no somos el problema. Y es un tema de injusticia y nos catalogan como jubilados de segunda al dejar excluidos a otros trabajadores que tienen el mismo derecho, como los de las fuerzas armadas”, dijo en referencia a que la enmienda no aplicará para los haberes de retiro de los militares.

Sostuvo que los trabajadores de CFE son parte de la seguridad estratégica de este país y “nuestras pensiones son legales, son cosa juzgada por la autoridad laboral, por la Secretaría del Trabajo”.

En cambio, insistió, la reforma dañará a familias, a los adultos mayores que dependen de los trabajadores retirados, así como a quienes tienen hijos que dependen de ellos y pagos fijos como el de hipotecas.

“¡Qué les pasa a nuestros legisladores! ¿Por qué le dicen mentiras a la presidenta? La solución es buscar juntos cómo. No que nos cierren la puerta machetazos. Queríamos un diálogo. El bloque que tiene la decisión (en la cámara) no quiere escuchar. Nos asiste la razón y el marco legal”, manifestó.

Mientras se negociaba la entrada de diez representantes de los jubilados para dialogar con diputados, el director de Resguardo, Carlos Noriega, recibía los videos de la garita con las personas que rompían el mobiliario y quemaban papelería.

“Tengo los videos”, dijo. Además, dijo que, en el intento de irrupción al recinto, los jubilados lesionaron a trabajadores de la cámara. Por teléfono informó al presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila (Morena), que los jubilados “están contenidos. No van a pasar”.

Y también por teléfono advirtió a los manifestantes: “Mientras no haya condiciones, no van a entrar. ¡Tan, tan!”.

Después de una hora, las personas que habían sido encapsuladas en la garita de ingreso a la Cámara salieron y se negoció un diálogo con legisladores de PAN, PRI y PT, que anunciaron reservas para eliminar la retroactividad del recorte a las pensiones de los trabajadores de base.

Ciudad de México. El gobierno federal informó que para contrarrestar los efectos dañinos que ha causado el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, se han reforzado acciones preventivas y de investigación para conocer las causas e impacto del mismo, por lo cual entre otras cosas, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha visitado más de 32 sitios, incluyendo playas, lagunas, ríos y arroyos.

En tanto que se han «verificado los trabajos de limpieza en la laguna del Ostión, en Coatzacoalcos; en las playas de Arroyo Verde y Laguna de Tupilco, en Paraíso, Tabasco; así como en tramos del Ejido El Alacrán-Manatinero, en Cárdenas, Tabasco», aunque en días pasados se habían rechazado las versiones difundidas por habitantes se diversas comunidades y organizaciones sociales que señalaban que la contaminación se estaba extendiendo y no solo afectaba la zona Veracruz.

Como parte de las acciones las instituciones gubernamentales han «sostenido reuniones con académicos y organizaciones de la sociedad civil para recabar información sobre los sitios con presencia de hidrocarburos, así como sobre posibles afectaciones a flora y fauna, acciones integrales ante presencia de hidrocarburos en costas del Golfo de México».

El grupo interdisciplinario está integrado por la Secretaría de Marina (Semar), Semarnat, la Secretaría de Energía (Sener), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Petróleos Mexicanos (Pemex), Profepa y autoridades estatales y locales.

Las acciones comprenden «cinco ejes prioritarios», entre ellos, la limpieza y saneamiento de playas y zonas costeras; se mantienen labores permanentes de limpieza en playas, cuerpos de agua y áreas de manglar afectadas, mediante brigadas interinstitucionales que realizan recolección manual, instalación de barreras de contención y uso de cordones oleofílicos para la recuperación del hidrocarburo.

«A la fecha, se han logrado recolectar alrededor de 128 toneladas de residuos impregnados de crudo a lo largo de más de 165 kilómetros de litoral en inmediaciones de los puertos de Alvarado, Coatzacoalcos, Tuxpan y Veracruz, en la entidad veracruzana, así como en Dos Bocas, Tabasco; y confinar la dispersión del contaminante en puntos estratégicos, evitando su propagación hacia ecosistemas sensibles».

Se da atención «y apoyo a comunidades pesqueras. Petróleos Mexicanos, a través de su área de Responsabilidad Social, mantiene comunicación directa con cooperativas y pescadores afectados, y ha brindando acompañamiento técnico, además de

esquemas de apoyo para mitigar las afectaciones económicas derivadas de la contingencia con un monto de más de 35 millones de pesos, en las siguientes acciones: apoyo al municipio de Pajapan mediante el suministro de 100 mil litros de combustible; 60 mil de gasolina magna y 40 mil de diésel, con un valor de más de 20 millones de pesos».

Asimismo, a través del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA) se invertirá un monto de 15 millones de pesos para la adquisición de artes de pesca.

El gobierno informó que «desde el 17 de marzo opera la Unidad Médica Móvil de Pemex para brindar servicios de salud en los municipios afectados.

«De manera complementaria, Pemex incorporó a través de un esquema de contratación temporal a pobladores de las comunidades afectadas para labores de saneamiento; indagación técnica sobre el origen del hidrocarburo».

De manera paralela, se mantiene una investigación técnica y científica para determinar el origen del hidrocarburo detectado, a través de imágenes satelitales, desplazamiento de buques en el área con apoyo de drones y de sobrevuelos con aeronaves de la Armada de México.

El grupo interinstitucional señaló que «se realizan análisis oceanográficos, monitoreo de corrientes marinas y revisiones en infraestructura marítima y portuaria, así como requerimientos de información a operadores del sector energético.

Es importante señalar que la imagen difundida públicamente y ampliamente por una ONG, es

claramente falsa al ser una representación gráfica superpuesta sobre un mapa base y no corresponde con imágenes satelitales reales».

En ese contexto, organismos de la Profepa realizan inspecciones en sitio, recorridos terrestres y sobrevuelos de verificación en los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche y Tamaulipas para verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental en el sector hidrocarburos.

«Estas labores incluyen supervisión de acciones de contención, evaluación de impacto ambiental y la integración de elementos para la investigación en curso».
Asimismo se han llevado a cabo 11 recorridos de supervisión en los municipios de Coatzacoalcos, Pajapan, Antón Lizardo, Boca del Río, Alvarado y Tuxpan, Veracruz. Asimismo, ha emitido 5 requerimientos de información a empresas con operaciones de extracción de hidrocarburos en el Golfo de México para identificar posibles incidentes vinculados con sus actividades que pudieran estar relacionados con el hidrocarburo detectado.

Las instituciones precisaron que «tras la identificación del origen del incidente, se procederá conforme al marco legal vigente para

deslindar responsabilidades y, en su caso, imponer las sanciones administrativas, penales y ambientales correspondientes, que incluyen multas económicas y responsabilidad ambiental.

Asimismo, se continuará implementando medidas de remediación ambiental, apoyo a la restauración de ecosistemas y compensación a los sectores afectados como las comunidades pesqueras».