El gobierno municipal denunció la presunta desaparición del tesorero Jaime Aguirre Mejía, quien no se ha presentado a laborar desde hace al menos tres semanas y es señalado por un posible desvío de recursos públicos.
La alcaldesa Monserrat Mendoza Cano informó que, tras reportarse inicialmente enfermo, el funcionario prolongó su ausencia sin justificación, lo que encendió alertas al interior de la administración.
De acuerdo con las primeras revisiones, existirían movimientos por varios millones de pesos provenientes de cuentas del gobierno municipal hacia cuentas personales del funcionario, sin explicación hasta el momento.
Ante esta situación, el Ayuntamiento presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, con el objetivo de que se realicen las investigaciones correspondientes y se determinen posibles responsabilidades.
El gobierno municipal también informó que solicitará la intervención de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato para llevar a cabo una revisión exhaustiva que permita cuantificar el posible desfalco, ya que hasta ahora no se tiene una cifra precisa.
“Es una situación muy delicada. Estamos en un proceso de auditoría interna para determinar qué fue lo que pasó”, declaró la alcaldesa.
El Ayuntamiento designó a un encargado de despacho en la Tesorería mientras continúan las investigaciones y se intenta localizar al funcionario.
Asimismo, la administración municipal señaló que ha intentado establecer contacto con familiares de Aguirre Mejía, sin obtener información sobre su paradero.
Jaime Aguirre Mejía se desempeñaba como tesorero desde la administración 2021-2024, la cual fue reelecta para el periodo 2024-2027 bajo el gobierno de Mendoza Cano. Es originario del municipio y militante del Partido Acción Nacional (PAN).
En un comunicado, el gobierno municipal indicó que las presuntas irregularidades fueron detectadas como parte de revisiones internas permanentes y que, desde ese momento, se instruyó el inicio de investigaciones.
La autoridad reiteró que no tolerará conductas que atenten contra el patrimonio público y afirmó su compromiso con la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas.
