Al presentar el primer informe del descarrilamiento del Tren Interoceánico, la fiscal general de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, informó que su velocidad autorizada es de 50 kilómetros por hora (km/h), sin embargo, viajaba a 65 km/h en la curva del siniestro, de acuerdo con los registros de la caja negra y descartó, de manera preliminar, cualquier deficiencia en la infraestructura ferroviaria o fallas mecánicas en la locomotora.
Ante estos hallazgos, las autoridades correspondientes han confirmado que se ejercerá acción penal por los posibles delitos de homicidio y lesiones culposas.
Esta determinación legal surge tras identificar que el siniestro derivó de una presunta negligencia en la operación de la unidad y no de factores externos o fallas en el sistema de vías.
