La violencia de género continúa al alza en el municipio de San Juan del Río, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). En los últimos tres años se han abierto hasta 2 mil 310 carpetas de investigación por violencia familiar, de las cuales 545 corresponden a lo que va del 2025.
En el mismo periodo se han registrado 549 denuncias por violencia de género y 335 por incumplimiento de obligaciones familiares, según los datos proporcionados por el SESNSP.
También desde el 2024, se contabilizaron 207 investigaciones por violación, de las cuales 52 se iniciaron en este año; a ello se suman 321 denuncias por acoso sexual, 224 por abuso sexual y dos feminicidios en el periodo comprendido de 2021 a 2025, lo que da cuenta de un contexto con un alto índice de violencia contra las mujeres en el municipio.
Deficiencias en la atención de autoridades
A la par de las cifras de incidencia de la violencia de género en la región, mujeres sanjuanenses han señalado la existencia de deficiencias en la atención brindada por las autoridades, como ocurrió en el caso de Elsa Román, quien en un video difundido recientemente en redes sociales. Denunció haber sido víctima de violencia física, psicológica y económica por parte de su expareja.
Román declaró que al intentar interponer una denuncia en la Fiscalía de San Juan del Río, su caso no recibió el seguimiento adecuado y fue desestimado por las autoridades, que incluso se intentó cerrar permanentemente su carpeta de investigación. Aunque su carpeta fue reabierta, Román manifestó que no ha habido ninguna resolución para su caso, lo que pone en riesgo su integridad y la de sus hijos.
Otro caso reciente que se suma a las cifras de violencia contra las mujeres en el municipio es el de Perla Citlali Martínez Zúñiga, odontóloga de 27 años, encontrada sin vida en su consultorio el pasado 11 de febrero.
Impunidad y falta de justicia
Diversos colectivos feministas denunciaron ante los medios de comunicación la falta de claridad en el esclarecimiento de los hechos, puesto que para abril las autoridades concedieron a su presunto agresor un amparo que evitaba que este fuera detenido, ante lo cual los colectivos aseguraron que era otro caso de impunidad institucional que pretende proteger a los culpables para que evadan la justicia.
