Por unanimidad de 106 votos, el Pleno del Senado aprobó el dictamen que faculta al Congreso para legislar las leyes generales que establezcan los tipos penales y sus sanciones en materia de extorsión.
El proyecto de decreto que reforma la Constitución señala que la extorsión constituye un delito de alto impacto, cuyas repercusiones no se limitan a la afectación individual, sino que afecta al patrimonio colectivo, la economía nacional e incluso, tiene impacto negativo en la estabilidad emocional y psicológica de las personas afectadas.
La incidencia del delito se incrementó en los últimos años, al pasar de un promedio de 18.89 casos diarios en 2018 a 29.77 en enero de 2025.
