El gobernador panista Mauricio Kuri otorgó en 2022 un contrato por 3 mil 919 millones de pesos a la empresa Seguritech para implementar un ambicioso sistema de seguridad estatal. La adjudicación fue directa, sin licitación, y con cláusulas clasificadas por el Comité de Transparencia. Tres años después, los resultados son alarmantes: el estado enfrenta un aumento del 15% en la incidencia delictiva y hechos de violencia que han estremecido a la población.
El convenio con Seguritech —empresa vinculada al escándalo de la “Casa Azul” en Guanajuato— incluyó infraestructura, cámaras, drones y centros de monitoreo dentro del llamado “modelo de seguridad queretano”, vigente hasta 2027. Fue presentado como una solución tecnológica de vanguardia para reducir el crimen. No obstante, colonias como Las Rosas siguen sin vigilancia efectiva, las cámaras no funcionan y la población denuncia robos constantes y falta de respuesta de las autoridades.
Entre los hechos más graves ocurridos durante la implementación del sistema destacan la masacre en el bar Los Cantaritos, que dejó 10 muertos, el aumento en tomas clandestinas de combustible y un repunte en los casos de extorsión.
Kuri ha defendido el contrato como parte de un modelo que, según dijo, colocaría a Querétaro entre los estados con mayor percepción de seguridad. Sin embargo, el crecimiento de la violencia y la presencia de grupos criminales contradicen ese discurso.
El caso guarda similitudes con lo ocurrido en Guanajuato, donde en 2013 otro gobierno panista firmó con Seguritech un contrato por 2,800 millones de pesos. El resultado fue un incremento sostenido en homicidios y el desplome de los indicadores de seguridad.
Hoy, Querétaro sigue ese mismo camino. Millones invertidos, opacidad contractual y una ciudadanía cada vez más vulnerable. via elsoberano
