El pasado viernes, el gobierno de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro, liberó a 80 presos políticos y 10 ciudadanos estadounidenses como parte de un acuerdo bilateral con Estados Unidos, que implicó el retorno de 252 venezolanos detenidos en El Salvador, así como la repatriación de siete menores migrantes que estaban separados de sus familias en territorio estadounidense.
Un acuerdo discreto, pero de alto impacto
El canje fue resultado de negociaciones confidenciales entre Washington, Caracas y San Salvador, que involucran a líderes opositores, migrantes y ciudadanos estadounidenses. El secretario de Estado Marco Rubio confirmó que los estadounidenses “detenidos injustamente” ya están en casa, y agradeció la mediación del presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien permitió la liberación de más de 250 venezolanos presos en su país.
¿Quiénes fueron liberados en Venezuela?
La organización Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) identificó a 28 venezolanos liberados con medidas cautelares. La mayoría estaban recluidos en los centros penitenciarios Tocorón (estado Aragua) y El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Entre los nombres destacan:
- Asdrúbal Paredes (Guanare)
- Freddy Flores (Cojedes)
- Ulises Seijas (Guárico)
- Gregorio Graterol
- José Granadillo
- Carlos Chancellor
Además, fue liberado el activista Ángel Aristimuño, militante del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) en el estado Monagas.
Justicia selectiva y tensiones electorales
Muchos de los excarcelados fueron arrestados en el marco de las protestas poselectorales de julio de 2024, cuando el Consejo Nacional Electoral declaró la reelección de Maduro, en medio de acusaciones de fraude por parte de la oposición y cuestionamientos internacionales.
La ONG Clipp denunció que, pese a la medida, aún existen decenas de presos políticos en Venezuela, lo que impide hablar de justicia plena:
“Esta noticia es un aliento para muchas familias, pero la libertad debe ser para todos”.
¿Quiénes son los estadounidenses liberados?
Entre los liberados por Venezuela se encuentran 10 ciudadanos o residentes de EE.UU., entre ellos Wilbert Joseph Castañeda, de origen mexicano-estadounidense, acusado por el régimen de formar parte de un complot para asesinar a Nicolás Maduro.
Este tipo de canjes no es inédito, pero representa un gesto inusual en un clima de sanciones y aislamiento internacional, en el que Venezuela busca mejorar su imagen diplomática sin ceder el control político interno.
El papel de Bukele y los presos en El Salvador
Como parte del acuerdo, El Salvador liberó a 252 venezolanos que estaban recluidos en su sistema penitenciario, muchos de ellos detenidos durante las redadas masivas implementadas por el gobierno de Nayib Bukele en su política de “mano dura” contra las pandillas.
Aunque no se ofrecieron detalles sobre los cargos ni las condiciones de los liberados, fuentes diplomáticas indicaron que se trataba en su mayoría de migrantes detenidos por razones administrativas o delitos menores.
Niñez migrante: el componente humanitario
El acuerdo también incluyó el reencuentro de siete menores venezolanos con sus familias, luego de haber sido separados al cruzar la frontera entre México y EE.UU.
El gesto humanitario fue resaltado por organizaciones civiles como un paso importante en medio de un panorama migratorio marcado por expulsiones, detenciones y crisis humanitaria regional.
¿Un nuevo capítulo en las relaciones?
El canje múltiple representa un movimiento estratégico para los tres países involucrados. Para EE.UU., es una victoria diplomática sin levantar las sanciones a Maduro. Para Venezuela, una oportunidad de mostrar disposición al diálogo. Y para Bukele, un nuevo rol como actor regional confiable ante Washington.
Sin embargo, organismos de derechos humanos advirtieron que no puede normalizarse el uso de presos políticos como moneda de cambio:
“No hay verdadera paz sin justicia para todos”.
Cierre ciudadano
El acuerdo de liberación de presos entre Venezuela, EE.UU. y El Salvador reconfigura temporalmente las relaciones diplomáticas en la región, pero deja preguntas abiertas sobre los derechos humanos, el uso político de la justicia y la situación carcelaria de miles de personas que no formaron parte del acuerdo.
