La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local, presidida por el diputado Guillermo Vega Guerrero, aprobó por unanimidad el dictamen de la iniciativa que reforma y adiciona disposiciones del Código Civil del Estado de Querétaro en materia de deudores alimentarios, presentada por el legislador Arturo Maximiliano García.
En la sesión participaron también las y los diputados Enrique Correa Sada, Homero Barrera Mcdonald, Teresita Calzada Rovirosa, Andrea Tovar Saavedra y el propio autor de la iniciativa, quienes respaldaron el dictamen. Como parte del debate, se aprobó una adición propuesta por García para otorgar a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado la facultad de solicitar ante autoridad jurisdiccional la inscripción de personas deudoras en el registro correspondiente, en concordancia con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Durante su intervención, el diputado Guillermo Vega resaltó que esta reforma representa un avance urgente y necesario en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, al atender un problema estructural en el que muchas personas deudoras evaden de forma sistemática sus responsabilidades alimentarias.
“No se trata solo de fortalecer el marco jurídico; es una transformación profunda que coloca a la niñez en el centro de la justicia familiar, desincentiva el incumplimiento y crea consecuencias reales ante el abandono de esta obligación fundamental”, afirmó.
La reforma establece que una persona podrá ser inscrita en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias si incurre en morosidad por más de 90 días con sentencia firme o 60 días durante el proceso legal, lo cual implicará restricciones para obtener documentos oficiales como pasaporte o licencia de conducir.
Además, obliga al deudor a informar cualquier cambio laboral y otorga al juez la facultad de investigar oficiosamente la situación económica del obligado, aligerando la carga probatoria para el acreedor alimentario. También se amplía el concepto legal de “alimentos”, integrando aspectos como salud psicológica, educación, recreación y vivienda, reconociendo la naturaleza integral del bienestar infantil.
El dictamen también busca prevenir prácticas de evasión, como ocultar ingresos o laborar en la informalidad, y se alinea con los compromisos federales e internacionales en materia de derechos de la infancia, igualdad de género y combate a la pobreza.
