• En medio de controversias legales, Caicedo se enfrenta a acusaciones de la procuraduría. Reivindica su lucha contra clientelismo y cuestiona el uso del poder político en Colombia.

Vía Infobae

COLOMBIA., 26 de octubre de 2024.-Carlos Caicedo, líder del movimiento Fuerza Ciudadana y exalcalde de Santa Marta, denunció una supuesta persecución política por parte de la Procuraduría General de la Nación. Esta acusación surge tras la formulación de un pliego de cargos en su contra por presunta participación indebida en actividades políticas, según dio a conocer Caicedo.

Caicedo señala que la Procuraduría, bajo la dirección de Margarita Cabello, actúa como una herramienta de las élites tradicionales de Colombia para debilitar liderazgos que promueven el cambio social. En sus declaraciones, afirmó que estas acciones buscan frenar el avance en regiones como el Caribe, donde se intenta romper con décadas de clientelismo y corrupción.

El exalcalde también destacó que esta supuesta persecución ignora sentencias clave de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Constitucional, específicamente la sentencia C-030-2020. Esta sentencia limita las funciones disciplinarias de la Procuraduría sobre funcionarios de elección popular, argumentando que tales acciones vulneran derechos políticos y el equilibrio de poderes.

“Cabello desconoce la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los pronunciamientos de la Corte Constitucional en sentencia C-030- 2020 que concluyó que la asignación de funciones jurisdiccionales a la PGN para el ejercicio de la potestad disciplinaria relacionada con servidores públicos de elección popular, vulnera el inciso tercero del artículo 116 de la Constitución”, dijo Caicedo en una publicación hecha en su cuenta de X.

Caicedo, que ha sido un crítico vocal de los clanes políticos tradicionales, sostiene que los procesos disciplinarios en su contra son infundados y forman parte de un esfuerzo más amplio para obstaculizar su trabajo y el de otros líderes electos por voluntad popular.

A pesar de las acusaciones y los procesos en su contra, ha declarado que no se dejará intimidar y continuará su lucha contra lo que considera un acoso institucional.

Finalmente aseguró que “intereses del viejo país buscarán detenernos como sea para que no irrumpa la nueva Colombia, pero lucharemos y con el pueblo venceremos. No entendemos cuál es el miedo”.

El gabinete de la Gobernación del Magdalena expresó su respaldo al exmandatario a través de un comunicado, calificando la investigación como una persecución sistemática debido a sus convicciones y liderazgo progresista.

El gabinete departamental ha hablado de su preocupación por el uso de instituciones judiciales como herramientas políticas en un país democrático. Según el comunicado, consideran inaceptable que se intente silenciar a quienes promueven la transformación social y el bienestar de los más vulnerables. El exgobernador Caicedo, según el gabinete, ha demostrado un compromiso con los principios democráticos y la justicia social a lo largo de su carrera.

“Es inaceptable que, en un país democrático, las instituciones encargadas de velar por la justicia sean utilizadas como herramientas políticas para acallar las voces de aquellos que luchan por una transformación social y por el bienestar de los más vulnerables”, se lee en el documento.

Durante su gestión, Carlos Caicedo implementó programas que, según datos del Dane, lograron reducir el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) en un 12%. Estos esfuerzos se centraron en cerrar brechas sociales y promover la equidad y el desarrollo en el departamento del Magdalena.

El gabinete rechaza cualquier intento de empañar la labor del exgobernador y destaca que las acciones de la Procuraduría son una muestra de las presiones que enfrentan quienes desafían los intereses de los poderes tradicionales.

El gabinete también ha reiterado su confianza en la integridad y capacidad de Caicedo, exhortando a las autoridades a actuar con objetividad y transparencia. Hacen un llamado a que los procesos judiciales y administrativos no se vean influenciados por intereses particulares.