Grupo Salinas condena fallo que lo obliga a pagar 2 mmdp por ISR
Grupo Salinas se pronunció hoy en contra de la resolución del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que negó el amparo a Grupo Elektra, al calificarlo de ilegal.
Este amparo lo protegía contra el pago de 2 mil millones de pesos por una supuesta omisión en el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente al ejercicio 2012.
Asimismo, Grupo Salinas expone un sistema de justicia sometido a una agenda e intereses políticos.
Esta decisión muestra una de las consecuencias más graves de la farsa electoral judicial: resoluciones guiadas por intereses y presiones políticas. Ayer fuimos víctimas de ello», cita el comunicado.
Los magistrados Ana María Ibarra Olguín, Yaremy Patricia Penagos Ruiz y Alfredo Enrique Báez López, además de omitir considerar impedimentos procesales debidamente planteados, confirmaron y exhibieron su alineación con un proyecto político, dejando de lado los derechos de los contribuyentes y abriendo la puerta al uso político de la justicia, se agrega en el comunicado.
Sobre el contenido de la resolución, se aclara que:
- Es ilegal, pues omiten intencional y dolosamente lo dispuesto en la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2012, año en que se originó el crédito fiscal.
- Viola el debido proceso al negar el amparo en lugar de remitir el asunto a un tribunal distinto, como correspondía, ante la existencia de impedimentos procesales.
- El sesgo del tribunal confirma un patrón alarmante: aún con pruebas claras de ilegalidad, la postura que prevalecerá será favorecer al Servicio de Administración Tributaria (SAT), legitimando abusos y permitiendo cobros abusivos y arbitrarios.
Grupo Salinas enfatizó que siempre han defendido el derecho a una justicia pronta, completa e imparcial.
Así también, que seguirán ejerciendo su defensa dentro del marco legal y conforme a los procedimientos establecidos, con el firme propósito de combatir cobros que consideramos ilegales, abusivos y desproporcionados.
Este caso no será la excepción. Una vez notificada formalmente la sentencia, acudiremos al máximo tribunal del país para solicitar su revisión constitucional. Estamos ciertos de que nos asiste la razón ética y jurídica; pese a presiones políticas y actos de consigna judicial, seguiremos defendiendo nuestras causas hasta las últimas
