La reciente reforma a la Ley de Telecomunicaciones ha encendido un debate nacional más allá de la polémica, la senadora queretana Bety Robles ofrece una visión distinta: la de una reforma orientada a la justicia social, al acceso universal a Internet y al fortalecimiento de las comunidades más desatendidas del país.
Durante una entrevista extensa, cálida y por momentos crítica, Robles explicó los alcances y objetivos de esta reforma que, entre otras cosas, desaparece al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para dar paso a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Un organismo que, asegura, busca democratizar el acceso a las frecuencias radioeléctricas, apoyar a las radios comunitarias y cerrar la brecha digital.
“Esta reforma se hace para hacer justicia al pueblo en materia de telecomunicaciones”, afirmó la senadora. “Las radios comunitarias, antes relegadas, ahora podrán comercializar parte de su programación, dándoles la oportunidad de financiar su operación y sostener su independencia”.
Además, la nueva visión contempla el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como proveedora de Internet en zonas marginadas. La CFE, al ser una empresa pública, no persigue ganancias sino cobertura social, contrastando con el modelo de negocios de las compañías privadas que, hasta hoy, han ignorado amplias regiones del país por no ser rentables.
Críticas y resistencias
Sin embargo, la reforma ha sido severamente criticada por sectores empresariales y mediáticos que la ven como una forma de “intervencionismo estatal” o “competencia desleal”. Robles lo atribuye a la pérdida de privilegios:
“Lo que se está peleando no es el contenido de la reforma, sino la pérdida de los privilegios que un grupo muy pequeño ha tenido durante décadas. Lo que antes era entregado al mejor postor, ahora será distribuido con equilibrio y sentido social”, declaró.
La senadora también abordó la llamada Ley Kuri, que permitiría al Estado mexicano bloquear plataformas digitales en caso de que incumplan obligaciones fiscales o pongan en riesgo la seguridad nacional. Aclaró que no se trata de censura, sino de regulación tributaria:
“Las redes sociales, igual que Uber o Amazon, deben cumplir con sus obligaciones fiscales. No se trata de prohibir el uso, sino de garantizar que todos contribuyan como lo hacemos los demás”, explicó, defendiendo la libertad de expresión como principio fundamental de la Cuarta Transformación.
Un gobierno en contacto con la gente
En contraste con los señalamientos de autoritarismo, Robles destacó la importancia del contacto directo con la ciudadanía. Recientemente, acompañó al senador Gerardo Fernández Noroña en una gira por Querétaro y la Sierra Gorda para explicar el trabajo legislativo y recoger inquietudes de los ciudadanos.
Durante esta gira, uno de los temas que más inquietud generó fue el proyecto hídrico de El Batán, una propuesta para reutilizar aguas negras tratadas como agua potable. La senadora mostró firme oposición:
“Por ética, ningún gobierno debe iniciar proyectos de esa envergadura en el último año de administración. No está claro el financiamiento, y lo más preocupante es que la norma mexicana no permite actualmente que esa agua sea potable. Es un proyecto neoliberal disfrazado”, señaló.
Robles pidió al Congreso local frenar el proyecto hasta que una nueva administración, con legitimidad y planeación a largo plazo, lo evalúe de manera técnica y transparente.
Estructura territorial y el futuro de Morena
Finalmente, celebró la visita de Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, quien presentó una estrategia de organización territorial basada en la creación de comités de base en cada sección electoral. Robles será responsable de coordinar varios de ellos en Querétaro.
“Es un ejercicio de cercanía con la gente. Tenemos que estar en el territorio, escuchar a la ciudadanía y rendir cuentas. Sólo así Morena se mantendrá fuerte y coherente con sus principios”.
Conclusión: hacia una nueva era de las telecomunicaciones
La entrevista con la senadora Bety Robles arroja luz sobre una reforma polémica pero profundamente ambiciosa. En el fondo, el debate gira en torno a un país que busca redefinir sus prioridades: ¿seguirá favoreciendo a unos cuantos o apostará por la inclusión digital como un derecho humano? La respuesta, como tantas veces en la historia, dependerá de cuán informada esté la ciudadanía.
