La corrupción volvió a exhibirse en las instituciones federales. El Gobierno de México confirmó la detención de 14 personas implicadas en una red de contrabando de combustible, entre ellas cinco marinos en activo, un marino retirado y cinco exfuncionarios de Aduanas, además de tres empresarios que facilitaban la operación del mercado ilícito.
El operativo, encabezado por la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), dejó al descubierto una compleja estructura criminal que se infiltró en dependencias públicas y utilizaba documentos falsos para introducir y trasladar hidrocarburos de manera ilegal.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, recordó que el hallazgo se originó tras el decomiso histórico de 10 millones de litros de diésel en el puerto de Tampico, en marzo de este año. Las investigaciones revelaron una red que operaba con apoyo de empresas de transporte y agencias aduanales, además de funcionarios que, aprovechando su cargo, facilitaron el contrabando de combustible por miles de millones de pesos.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó operaciones financieras irregulares entre los implicados, incluyendo la compra de inmuebles y vehículos de lujo, así como pólizas de seguros con montos incongruentes con sus ingresos. Como parte de las medidas, se bloquearon 20 personas físicas y morales en la lista de la SHCP.
El almirante Raymundo Pedro Morales reconoció la participación de personal naval en la red delictiva y aseguró que la Marina no permitirá la impunidad. “Se honra a la mayoría de mujeres y hombres que sirven con honor y lealtad, pero se castigará con firmeza a quienes traicionan al país”, afirmó.
En tanto, el fiscal Alejandro Gertz Manero advirtió que las investigaciones siguen en curso y recordó que estas irregularidades comenzaron a documentarse hace dos años, cuando el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda, denunció ante la FGR posibles actos de corrupción en distintas áreas de la institución.
El caso confirma que las redes del huachicol no solo involucran al crimen organizado, sino que han penetrado en estructuras del Estado mexicano.
