Lo ocurrido con los artesanos de pueblos originarios no es un “incidente”.
Es una consecuencia directa del modelo de gobierno que el presidente municipal ha llamado “orden y rumbo”, pero que en la realidad ya mostró su verdadero rostro: represión, golpes y criminalización de la pobreza.
Inspectores municipales golpeando a artesanos en la vía pública no es una falla menor del sistema. Es el sistema funcionando exactamente como fue concebido: un orden sin derechos y un rumbo sin humanidad.
Y como si la agresión física no bastara, ahora el municipio pretende demandar a los propios artesanos por “lesionar” a los inspectores, cuando los videos muestran con toda claridad que se defendían de una agresión directa, real y sin derecho.
Eso tiene nombre: legítima defensa.
Y tratar de convertirla en delito es persecución institucional.
El artículo 1º de la Constitución es contundente: los derechos humanos están por encima de cualquier reglamento municipal. Toda autoridad está obligada a proteger, no a golpear. A garantizar, no a someter. A dialogar, no a reprimir.
Lo que hicieron los inspectores —bajo el amparo político del “orden” municipal— viola también el derecho internacional:
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El Convenio 169 de la OIT, que protege a los pueblos indígenas contra la discriminación y los abusos del Estado.
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La Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe los tratos crueles, inhumanos o degradantes.
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El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que protege la integridad personal.
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Y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que obliga a los Estados a garantizar condiciones dignas de vida, trabajo y cultura.
Nada de eso fue respetado.
El municipio tenía opciones legales: diálogo, mediación, reubicación, alternativas productivas.
Eligió la peor: los golpes.
Y ahora remata el agravio con una acción todavía más perversa: culpar a las víctimas, iniciarles procedimientos legales y presentar a los agresores como ofendidos.
Este es el punto más peligroso de todo: cuando el poder invierte la justicia y convierte al violentado en culpable, ya no estamos ante un problema administrativo, sino ante una ruptura del Estado de derecho.
El presidente municipal no puede esconderse detrás de sus inspectores.
Ellos no actúan solos. Actúan bajo una línea política clara: “poner orden cueste lo que cueste”.
Y cuando el “cueste lo que cueste” implica golpear indígenas, entonces ese proyecto de gobierno ha cruzado una frontera moral, legal y democrática.
Un municipio puede regular el comercio.
Lo que no puede —bajo ninguna circunstancia— es gobernar con los puños y luego usar a la fiscalía como garrote político.
Porque los derechos humanos no se demandan.
Se respetan.
Y cuando no se respetan desde el poder, el responsable no es el inspector.
Es quien diseñó, toleró y justificó este modelo de “orden” basado en la fuerza.
