La presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación subrayó que el órgano no persigue, sino vigila y sanciona para mejorar la justicia y fortalecer la confianza ciudadana.
Tras rendir su primer informe de actividades como presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación, la magistrada Celia Maya García afirmó que, pese a las dificultades iniciales, el balance de los primeros 120 días de trabajo es positivo y alentador, tanto en resultados como en el compromiso del personal que integra la institución.
En entrevista, Maya García reconoció que la creación del Tribunal representó un reto importante, al tratarse de un órgano que inició funciones sin una legislación secundaria definida, sustentado únicamente en el mandato constitucional. No obstante, destacó que, a través del diálogo y el trabajo colegiado, se han logrado consensos para dar forma y rumbo a la institución.
“Coincidimos en el objetivo fundamental: mejorar la justicia en este país. Las discusiones son naturales, pero lo importante es que caminamos hacia el mismo fin y lo estamos haciendo bien”, señaló.
La magistrada presidenta destacó que el Tribunal heredó aproximadamente 620 expedientes, de los cuales varios ya se encuentran en proceso de resolución, tanto en el Pleno como en las comisiones correspondientes. Explicó que cada asunto implica un análisis técnico profundo, por lo que el trabajo requiere tiempo, estudio y especialización.
“Quince asuntos no son pocos; cada uno exige análisis jurídico, ponderación de pruebas y revisión exhaustiva para determinar si hay sanción o no”, puntualizó.
Maya García resaltó el papel fundamental del personal técnico y jurídico que integra el Tribunal, conformado por abogados, maestros y doctores en Derecho, quienes —dijo— son clave para sacar adelante la carga laboral diaria y cumplir con la responsabilidad institucional.
En ese sentido, enfatizó que el Tribunal de Disciplina Judicial no es un órgano de persecución, sino de vigilancia, encargado de revisar que jueces y magistrados actúen conforme a la Constitución y las leyes. Aclaró que el Tribunal no revisa sentencias ni modifica resoluciones judiciales, sino que sanciona conductas indebidas cuando se acredita que no se actuó correctamente.
Asimismo, explicó que el modelo de evaluación previsto en la ley no tiene como objetivo destituir de manera automática a quienes no aprueben, sino detectar áreas de oportunidad, ofrecer capacitación y permitir que los servidores judiciales mejoren su desempeño, incluso con periodos de preparación de hasta un año.
Las evaluaciones, informó, iniciarán a finales de enero y durante febrero, con énfasis en jueces y magistrados de nuevo ingreso al Poder Judicial.
Finalmente, al referirse a la implementación de la reforma judicial en Querétaro, la magistrada hizo un llamado a los congresos locales a avanzar en su legislación, recordando que el mandato constitucional establece que, a más tardar en 2027, jueces y magistrados deberán ser electos por voto popular.
“Se trata de que quienes impartan justicia sientan la obligación de servir al pueblo, sin influencias ni presiones, y que la ley se aplique como corresponde”, concluyó.
La presidenta del Tribunal envió un mensaje a la ciudadanía queretana y del país, reiterando que el objetivo central de la institución es fortalecer la confianza en las autoridades judiciales y garantizar una justicia imparcial y cercana al pueblo.
