Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó este martes la extinción de 109 fondos y fideicomisos del Gobierno federal, derivada del decreto del Congreso de la Unión del 6 de noviembre de 2020. No obstante, ministros hicieron pronunciamientos en los que llamaron al Ejecutivo federal a otorgar una “garantía presupuestaria” a los sectores afectados por esta medida.
La desaparición de estos instrumentos, como el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), fideicomisos de Ciencia y Tecnología y el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (FIDECINE), fue impulsada por Morena, para permitir al entonces gobierno de Andrés Manuel López Obrador disponer de más de 68 mil millones de pesos para hacer frente a la pandemia por COVID-19.
Por mayoría de votos, el Pleno aprobó el proyecto del ministro Arístides Guerrero García, que declaró infundada la acción de inconstitucionalidad 303/2020, promovida hace cinco años por 45 senadores de oposición .
“Eran mecanismos auxiliares del Poder Ejecutivo para distribuir el gasto público y no garantías esenciales de derechos. Su desaparición o modificación no elimina las obligaciones estatales, modifica la vía para cumplirlas sustituyéndolas por mecanismos presupuestarios directos u otros mecanismos. Asimismo, el análisis descarta afectaciones a derechos fundamentales pues diversas leyes reformadas prevén que las dependencias correspondientes deben seguir financiando las mismas finalidades con cargo a sus respectivos presupuestos”, dijo el ponente.
El alto tribunal concluyó que no se presentaron irregularidades graves en el procedimiento legislativo ni violaciones a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
Durante el debate, el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, enfatizó que “esta Corte no es ajena a que se requiere de estas garantías presupuestarias para hacer frente de mejor manera, a favor de algunos derechos humanos”.
El ministro Giovanni Figueroa Mejía señaló que Corte debe ejercer un control más estricto para asegurar el uso eficiente de los recursos y el respeto al control democrático del presupuesto, pues destacó que el principio de progresividad impide eliminar garantías presupuestarias sin una justificación suficiente, pues estas constituyen un piso mínimo para el goce de derechos.
“Lo que nos interesa analizar aquí, en cambio, es la eliminación de un piso presupuestario, es decir, de un compromiso del Estado con la ciudadanía, de no destinar una cantidad menor de cierto porcentaje del gasto”, resaltó.
En su intervención, la ministra Lenia Batres Guadarrama advirtió que el Gobierno federal llegó a contar con más de 300 fideicomisos y fondos, que concentraron alrededor de 835 mil millones de pesos, muchos operados mediante instituciones privadas y bajo secreto fiduciario, lo que dificulta su fiscalización.
Entre los casos que citó destacan transferencias del Conacyt por 41 mil 624 millones de pesos a empresas, entre 2013 y 2018; irregularidades por más de 783 millones en fondos mixtos; 4 mil 519 millones destinados a bebederos escolares con sobrecostos de hasta 153 mil pesos por unidad; la desaparición de 800 millones en los Juegos Centroamericanos Veracruz 2014; y un acumulado superior a 25 mil millones en el Fonden, aun cuando se siguen financiando desastres con deuda.
“La eliminación de fondos y fideicomisos no implica por sí misma ninguna violación de derechos humanos, pues solo representaría un cambio en el mecanismo de financiamiento y no la supresión de las obligaciones estatales”, dijo.
