Ciudad de México. Ante el proyecto de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, presentado esta semana, diversas agrupaciones y colectivas feministas y defensoras de los derechos de las mujeres, sostienen que lo que se requiere es que la normatividad existente se cumpla.
En un pronunciamiento, las organizaciones firmantes, entre ellas, Colectiva Las del Aquelarre Feminista, Colectiva Nacional de Derechos Humanos Violeta, Justicia Pro Persona y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, señalan “la gravedad de la violencia feminicida en el país” y la necesidad de una “respuesta a la altura del desafío”.
Asimismo indican que la presentación de esta iniciativa debe ser una oportunidad para que haya “diálogo directo con la sociedad civil, defensoras de derechos humanos, familiares de víctimas o víctimas de tentativa, para resolver los obstáculos que hoy impiden resultados efectivos con el marco normativo vigente”.
Insisten en que lo urgente es que “las leyes que se cumplan y se construyan con quienes conocen el problema” y añaden que México cuenta con un “conjunto amplio de leyes, protocolos, mecanismos y estándares de investigación y sanción que buscan que el acceso a la justicia para las víctimas de feminicidio sea una realidad; sin embargo, el gran reto sigue siendo que el marco normativo se aplique de manera adecuada y realmente funcione”.
Recuerdan que la creación y homologación de protocolos y diversos estándares de investigación, así como la atención a la problemática del feminicidio en México ha sido ordenado por las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde el caso de Campo Algodonero (2009), hasta las últimas sentencias emitidas contra el estado mexicano en los casos de Digna Ochoa (2021), Ernestina Ascencio Rosario (2025) y Lilia Alejandra García Andrade (2026).
Subrayan que desde 2011, ante la demanda de la sociedad civil, la tipificación del feminicidio fue una respuesta estatal para dar cumplimiento a la sentencia Campo Algodonero y la activación del mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).
“Contar con un tipo penal de feminicidio tiene por objetivo establecer en el marco jurídico la perspectiva de género para la investigación y sanción de las muertes violentas de mujeres y evitar la discriminación y la impunidad ante esta violencia generalizada. No obstante, persisten las investigaciones deficientes, la respuesta tardía, la revictimización y la falta de reparación oportuna y acorde a la dimensión de los daños”.
Remarcan que hay que asegurar que las normas existentes se apliquen con eficacia para acreditar correctamente los feminicidios, se garanticen sanciones y se repare el daño. Además, se debe garantizar atención integral a las familias de las víctimas, incluyendo programas específicos para atender a las niñas, niños y adolescentes que han sido impactados por la violencia, evitar la revictimización constante durante las investigaciones y los procesos, como cuando se difieren las audiencias, se prolonga el procedimiento o se reponen los juicios por violaciones al debido proceso, además de prácticas de coacción a las víctimas para aceptar el procedimiento abreviado.
Reconocen que cuando se apruebe la iniciativa gubernamental “podría contribuir a articular esfuerzos y mejorar la coordinación institucional, sin embargo, debe elaborarse con la participación de la sociedad civil que, con base en la experiencia acumulada, conoce los desafíos que siguen sin ser atendidos en materia de prevención, atención a las víctimas, investigación, sanción y reparación integral del daño del feminicidio en el país país.
Ante el “contexto grave de violencia” contra mujeres, niñas y adolescentes en México en los distinto ámbitos, también marcado por la violencia vinculada al crimen organizado, que incrementa los riesgos y profundiza las condiciones de vulnerabilidad, advierten que es fundamental contar con políticas públicas más amplias, coordinadas y sostenidas, que atiendan la complejidad del fenómeno y fortalezcan la capacidad del Estado para dar una respuesta efectiva ante los diversos contextos en los que ocurren los feminicidios.
Consideran que la prevención continúa siendo el “eslabón más débil”, debido a que México carece de una política nacional efectiva que proteja a las mujeres de todo tipo de violencia, en particular de la violencia feminicida. “Salvo las órdenes de protección, no hay acciones claras que se enfoquen a la prevención del feminicidio, sobre todo para aquellos que ocurren en contextos de crimen organizado”.
De igual forma sostienen que en el país “persisten las investigaciones deficientes en los casos de feminicidio, por ello es necesario que se realicen con debida diligencia reforzada, perspectiva de género e intercultural, con análisis de los contextos de violencia, tanto en los ámbitos privados como públicos, como aquellos casos vinculados con violencia ejercida por el crimen organizado presente en los territorios”.
