Ciudad de México. Sobre el ataque ocurrido hace unos días en el Colegio Antón Makarenko, en Michoacán, donde perdieron la vida dos docentes, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) sostuvo que “cuando la violencia irrumpe en las aulas, no solo vulnera la seguridad y el bienestar de docentes y estudiantes: compromete su desarrollo y el futuro del país”.
Añadió que es profundamente preocupante que un adolescente haya podido acceder a un arma larga de alto poder de fuego.
“Este hecho no es un caso aislado: nos obliga a preguntarnos sobre las redes de circulación de armas en México y sobre las condiciones que hacen posible que niñas, niños y adolescentes queden expuestos a ellas”.
Tras manifestar su “profunda consternación” y expresar “sinceras condolencias a sus familias, a la comunidad educativa y a todas las personas afectadas”, remarcó que la escuela debe ser un espacio seguro, protector y libre de violencia.
“Donde hay violencia, no hay ni enseñanza ni aprendizaje posibles. También nos alerta sobre una tendencia que no podemos permitirnos normalizar: que niñas, niños y adolescentes crezcan en contextos donde la violencia se vuelve cotidiana”.
Abordar esta realidad, aseveró, exige una respuesta que vaya más allá del incidente y apunte a las causas estructurales como los entornos de riesgo, la falta de oportunidades y la ausencia de redes de protección que empujan a adolescentes hacia la violencia.
“La violencia armada no puede entenderse ni prevenirse con explicaciones simples centradas en una sola causa o en una sola persona. Prevenirla exige actuar sobre sus causas profundas, fortalecer entornos protectores, y promover el desarrollo emocional de niñas, niños y adolescentes desde los primeros años de vida”.
El Unicef reconoció el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum a analizar las raíces de estos hechos y ofreció su apoyo directo al gobierno en tres ámbitos concretos.
El primero es la prevención de la violencia en entornos escolares: fortaleciendo protocolos de seguridad, apoyando la formación de docentes en detección temprana, y promoviendo el bienestar emocional y las habilidades de convivencia pacífica entre estudiantes.
El segundo es el diseño de estrategias de acompañamiento psicosocial, particularmente para adolescentes expuestos a dinámicas de violencia y modelos que abordan la violencia desde un enfoque integral y de género, atendiendo las causas que la originan.
Explicó que Unicef cuenta con experiencia acumulada en otros países con altos índices de violencia armada y está disponible para poner ese conocimiento al servicio de México.
El tercero es la construcción de una cultura de paz que comienza en el hogar desde la edad más temprana, con crianza positiva, diálogo y ejemplo, y se refuerza en el aula y la comunidad.
Aparte, también la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) llamó a fortalecer de manera permanente la cultura de paz entre la comunidad, a través de acciones orientadas al diálogo, la inclusión y el cuidado colectivo.
Añadió que las instituciones educativas son corresponsables en la construcción de entornos educativos en los que prevalezcan la dignidad y la seguridad de las personas con el fin de favorecer el bienestar integral de todas y todos.
En tanto, Juan Martín Pérez, director de Tejiendo Redes Infancia Latinoamérica y el Caribe sostuvo que el feminicidio de las dos maestras, no debe entenderse como un hecho violento aislado o como algún tipo de desviación individual inexplicable.
Acotó que la violencia incel (célibes involuntarios) no es un problema de adolescentes radicales, sino una expresión más de la normalización de la violencia en la sociedad y que se entrelaza con el predominio del machismo estructural y las omisiones institucionales.
Subrayó que, lamentablemente no es el único episodio protagonizado por un joven que se identifica con los incels y recordó lo ocurrido en septiembre de 2025 en el Colegio de Ciencias y Humanidades Sur de la UNAM, en donde un estudiante asesinó con un cuchillo a un compañero e hirió a un trabajador del plantel.
Aseguró que este caso se inscribe en un entramado social más amplio atravesado por desigualdades, modelos de masculinidad violentos y discursos de odio que circulan con creciente intensidad en entornos digitales.
En casos como este; dijo, que “el rol del Estado no solo es investigar, sino comunicar con responsabilidad. Las autoridades tienen la obligación de informar, pero también de proteger. Esto implica reconocer que hay datos que no deben hacerse públicos, especialmente cuando involucran a adolescentes”.
